Pakistán se ve sometido a una presión dual: mantiene niveles reducidos de recaudación tributaria en relación con su producto interno bruto, depende con frecuencia de financiamiento externo y una parte considerable de su población vive cerca o por debajo de la línea de pobreza. Esta combinación exige definir acciones capaces de elevar los ingresos fiscales sin trasladar el peso a los hogares más vulnerables ni debilitar la demanda interna. Cualquier enfoque requiere articular reformas impositivas, modernización administrativa y un refuerzo paralelo de las redes de protección social.
Principios clave para diseñar reformas equilibradas
- Progresividad: orientar el esfuerzo hacia quienes poseen una mayor capacidad contributiva.
- Focalización: reemplazar los subsidios generales por apoyos dirigidos específicamente a la población en situación de pobreza.
- Eficiencia administrativa: disminuir la evasión y la elusión mediante procesos digitalizados y verificación cruzada de datos.
- Neutralidad económica: evitar cargas tributarias que frenen la inversión productiva o la formalización.
- Transparencia y comunicación: exponer de manera clara quién contribuye, cuánto aporta y de qué forma se administran los recursos para fortalecer la aceptación pública.
Estrategias fiscales concretas
- Ampliar la base tributaria: suprimir exenciones fiscales generales que favorecen a grupos con mayor poder adquisitivo y reevaluar regímenes especiales que disminuyen la recaudación. Por ejemplo, podrían reconsiderarse beneficios históricos otorgados a sectores extractivos o industriales, sustituyéndolos por incentivos temporales condicionados a generación de empleo o inversión.
- Reformar el impuesto sobre el valor agregado (IVA): conservar una tasa amplia y única, aplicando exenciones estrictamente acotadas y un listado claro de bienes esenciales con tasa cero o reducida para resguardar a los hogares más pobres. Al mismo tiempo, conviene reforzar los sistemas de devolución para exportadores y sectores vulnerables a fin de evitar distorsiones.
- Mejorar progresividad del impuesto sobre la renta: incrementar los tramos altos, eliminar vacíos que facilitan convertir ingresos laborales en rentas de capital y asegurar retenciones efectivas sobre rentas elevadas y pagos a no residentes.
- Implementar o fortalecer impuestos sobre el patrimonio: aplicar gravámenes al patrimonio inmobiliario o a plusvalías de inmuebles de gran valor, con criterios progresivos y umbrales altos que protejan a propietarios con ingresos limitados.
- Recaudación efectiva sobre la economía digital y servicios segmentados: gravar plataformas digitales, servicios financieros móviles y actividades de la economía digital mediante parámetros claros, evitando sobrecargar a microempresas mediante esquemas simplificados.
- Control aduanero y lucha contra el contrabando: modernizar puertos y pasos fronterizos integrando sistemas de escaneo, intercambio de datos y tarifas predefinidas que disminuyan pérdidas asociadas al comercio ilícito.
- Revisar tarifas y subsidios a energía y combustibles: retirar subsidios universales y reemplazarlos por transferencias focalizadas; establecer tarifas progresivas en electricidad y gas con rangos de consumo residencial que protejan el uso básico indispensable.
- Movilizar recursos no tributarios: optimizar la administración de empresas estatales, ajustar concesiones y privilegios, y enajenar activos no estratégicos con transparencia para generar ingresos temporales orientados a inversión social.
Acciones administrativas orientadas a mejorar el cumplimiento sin imponer mayor carga a los hogares de bajos ingresos
- Digitalización y facturación electrónica: implementar sistemas de facturación electrónica y cruce automático de declaraciones para reducir evasión y facilitar cumplimiento de pequeñas empresas.
- Intercambio de información: integrar registros fiscales, bancarios, aduaneros y catastros electrónicos para detectar discrepancias y dirigir auditorías a grandes contribuyentes.
- Regímenes simplificados: ofrecer módulos de tributación simplificada para micro y pequeñas empresas que formalicen su actividad, con obligaciones reducidas y acceso a beneficios como seguridad social y crédito.
- Sanciones proporcionales: combinar sanciones disuasorias para evasores significativos con programas de regularización temporal que permitan incorporar a la base tributaria a quienes están informalmente fuera del sistema.
Salvaguarda de viviendas en situación de vulnerabilidad: herramientas y mecanismos disponibles
- Registro social único y focalización: desarrollar o mejorar un registro social que permita identificar a hogares pobres y vulnerables con criterios objetivos (ingreso, geografía, composición del hogar), evitando la duplicación de beneficios y las fugas.
- Transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas: escala de transferencias directas a través de pagos mensuales a hogares empobrecidos, complementadas por condicionalidades orientadas a salud y educación para elevar el capital humano.
- Pagos digitales y biométricos: usar pagos móviles y mecanismos biométricos que reduzcan filtraciones y garanticen que la ayuda llegue a destinatarios reales, minimizando la intermediación.
- Tarifas sociales y tramos de consumo: establecer tarifas preferenciales para electricidad, agua y gas para los consumos básicos y aplicar tarifas crecientes para consumos de alto nivel.
- Mecanismos automáticos durante choques: diseñar reglas fiscales que activen ampliaciones temporales de transferencias o subsidios focalizados cuando indicadores clave (inflación alimentaria, precio del combustible, desempleo) superen umbrales definidos.
- Acceso a servicios complementarios: garantizar que la expansión de servicios básicos —salud, educación, saneamiento— acompañe a las transferencias para evitar que aumentos de precios básicos erosionen el poder adquisitivo.
Fases de implementación y estimaciones prudentes
- Corto plazo (6–12 meses): eliminar exenciones fiscales más evidentes, reforzar controles aduaneros, lanzar campañas de regularización voluntaria y ampliar transferencias temporales a los hogares más pobres durante choques de precios.
- Mediano plazo (1–3 años): desplegar facturación electrónica, consolidar el registro social único, introducir tarifas sociales graduadas y reformar tramos del impuesto sobre la renta.
- Largo plazo (3–5 años): consolidar cambios estructurales que aumenten la recaudación sosteniblemente: impuesto sobre patrimonio bien diseñado, formalización masiva de microempresas y mayor eficiencia de empresas estatales.
Con mejoras administrativas y reducción de exenciones ineficientes, es plausible lograr aumentos de recaudación equivalentes a una fracción importante del producto interno bruto en unos pocos años. Estos recursos deben orientarse a sostener transferencias focalizadas y a inversión en salud, educación e infraestructura que reduzcan la vulnerabilidad estructural.
Referencias y aprendizajes internacionales relevantes
- Programas de transferencias condicionadas: diversas experiencias internacionales evidencian que los apoyos directos bien orientados pueden disminuir la pobreza y elevar los resultados en salud y educación, siempre que su financiamiento provenga de reformas progresivas que no comprometan la recaudación.
- Digitalización tributaria: la modernización de sistemas de facturación y la integración de bases de datos ha permitido a varios estados incrementar la recaudación y contener la evasión sin necesidad de ajustar las tasas nominales.
- Subsidios focalizados: reemplazar subsidios universales por ayudas dirigidas contribuye a recortar el gasto público y fortalece la equidad, siempre que se cuente con un registro social sólido y actualizado.
Pakistán puede aumentar recursos fiscales de forma significativa sin ahogar a hogares vulnerables si combina reformas que hagan más progresivo el sistema tributario, modernicen la administración y redirijan subsidios universales hacia apoyos focalizados y automáticos en tiempos de choque. La clave está en la secuencia: comenzar por medidas administrativas de alto retorno, diseñar una política fiscal que grave más a quienes tienen mayor capacidad, y al mismo tiempo fortalecer sistemas de protección social basados en registros confiables y pagos digitales. Con comunicación transparente y monitoreo riguroso, es posible mejorar la sostenibilidad fiscal y reducir la vulnerabilidad social de manera complementaria.
