Sandrine Le Feur: Desde el comienzo de la crisis agrícola, la extrema derecha ha explotado la angustia de los campesinos para oponerse a la agricultura y la ecología, y para sugerir que la agricultura tendrá la opción de la regresión ambiental. Seamos claros: presionan a divisiones destacadas (elite contra gente, rural contra urbano) con fines electorales, en particular antes de las elecciones europeas. Dan la ilusión de que la agricultura estaría mejor sin normas ambientales.
Esto no es razonable. El problema no está relacionado con la existencia de estas normas medioambientales (cuya ambición también deberá aumentar en los próximos años para responder a la crisis climática y de biodiversidad), sino con los métodos de aplicación de estas normas, que implican una enorme cantidad de papeleo. La simplificación administrativa es una de nuestras prioridades y creo que remediará en gran medida la frustración que algunos puedan sentir con respecto a la transición ecológica.
Más allá de esta cuestión en la que estamos trabajando, es crucial seguir defendiendo el Pacto Verde. La ecología y la agricultura no se oponen, al contrario, se necesitan mutuamente. Sin biodiversidad, sin polinizadores, sin suelos ricos, sin un clima estable, sin agua, la agricultura decae. Al mismo tiempo, sin soberanía alimentaria, dependemos de nuestros socios comerciales y de sus estándares ambientales más bajos.
Creo que en realidad el mundo agrícola está muy cerca de los ecosistemas y es importante no hacerle decir lo que ciertos partidos políticos quisieran proyectar como imagen.
Benoît Biteau: Al ceder a este viejo cliché que consiste en oponer ecología y economía, ecología y agricultura, la ecología puede ser la gran perdedora de estas medidas, pero también y sobre todo la agricultura.
Numerosos estudios económicos muestran que los agricultores que obtienen mejores resultados son aquellos que han recurrido a la agroecología, y que “¡Ser más ecológico también te ayuda a salir del rojo!” ». En un enfoque global y de largo plazo vemos claramente que lo que amenaza la productividad, la soberanía alimentaria y por tanto los ingresos de los productores es el cambio climático y el colapso de la biodiversidad.
Por lo tanto, las medidas responsables habrían consistido más en la remuneración ambiciosa de los agricultores que cuidan del clima, la biodiversidad y la salud y, por tanto, del interés común, mediante el establecimiento de pagos por servicios ecosistémicos (PSA), que tendrían el poder de actuar a favor de el clima, la biodiversidad, la salud, los ingresos de los agricultores y el suministro de alimentos sanos y de calidad a toda la población, independientemente de su nivel de ingresos. Estos PSA pueden financiarse mediante una reorientación de la PAC, pero también mediante la redistribución de políticas públicas actualmente centradas en soluciones curativas, que se convertirían en políticas preventivas y de anticipación.
