«La amnistía no tiene por qué afectar al Estado de Derecho»

El magistrado español Ignacio González Vega, ex portavoz de «Juezas y jueces para la democracia» consideró que la amnistía pactada entre Pedro Sánchez y los catalnes de Carles Puigdemont para asegurarse una nueva investidura es «enn cierta manera, un fracaso del sistema».

Entrevistado por RFI, el magistrado opinó aún más sobre la polémica ley de amnistía a los independistas catalanes que ha disparado la tensión en España.

-El debate sobre la ley de amnistía para los independentistas catalanes ha dividido a las calles españolas, a la clase política, pero también a los juristas. Esta semana, más de 200 juristas firmaban un manifiesto en defensa de la amnistía, entre los que se encontraba el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En cambio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones aprobó una declaración institucional que señala que dicha ley supone la «abolición del Estado de derecho», un choque sin precedentes entre el poder judicial y el Gobierno. ¿Hay división entre los juristas españoles?

-Sí, hay una cierta división. El sector más conservador de la judicatura se opone frontalmente a esta medida de gracia, y dentro del sector progresista no ha habido pronunciamiento alguno respecto de la medida. Hay cierta prudencia y cautela del lado del sector progresista porque se debe conocer primero el texto en detalle. Ahora bien, muchos de los juristas partimos del hecho de que una amnistía es posible dentro de la Constitución, pero dentro de ciertos límites. Esos límites vienen definidos por el propio texto constitucional.

-¿Afecta esta amnistía que ha propuesto el gobierno del presidente Pedro Sánchez al estado de la democracia hoy en España?

-Creo que no tiene por qué afectar al Estado de Derecho. Esta amnistía regula conforme a los parámetros constitucionales. En todo caso, cuando se utilizan esas palabras gruesas de ‘»in de la democracia, de ataque al Estado de Derecho», lo que tenemos que recordar es que existe todo un sistema de garantías y de protección del ordenamiento constitucional. Entre ellos, está el hecho de que un acto del legislador es revisable, que se realiza un juicio para determinar si es conforme o no con la Constitución, por parte del Alto Tribunal del Tribunal Constitucional, que es el Supremo intérprete de la norma fundamental.

España es un estado democrático de Derecho y está dotado de un sistema protector de ese ordenamiento que es, entre otras cosas, el Tribunal Constitucional. Si esta amnistía, no está de acuerdo con la Constitución, evidentemente será declarada inconstitucional, como se ha hecho en otros casos con leyes que no son conformes con la Constitución.

-Hay un problema jurídico en España. ¿A qué nos estamos enfrentando?

-Yo creo más bien que hay, sobre todo, un conflicto político. Eso es evidente. Ese conflicto político tiene sus derivaciones hacia el ámbito jurídico. Pero insisto que en un debate jurídico riguroso no podemos todavía emitir un juicio sobre una ley de la cual desconocemos un texto definitivo.

-¿Qué piensa sobre la posibilidad de una amnistía hoy en España para los independentistas catalanes?

-Hay precedentes de amnistía fiscales e incluso el propio Tribunal Constitucional ha aludido a la Ley de Amnistía del 77, que son anteriores al texto constitucional y que no han sido derogadas por ser contrarias a la Constitución, sino que son leyes que se han entendido que son conformes con nuestro ordenamiento constitucional.

-Para algunos, la amnistía de 1977 en España sirvió para pasar la página. ¿Por qué esta amnistía a los independentistas catalanes de 2023 no se puede interpretar igual?

En cierta manera, una amnistía supone un fracaso del sistema. Sí, es verdad que la amnistía del 1977 era como consecuencia de una transición de una dictadura a un régimen democrático. Tenemos ejemplos en países de nuestro entorno, en Portugal, por ejemplo, donde se han concedido amnistías y donde no ha habido ese debate. Creo que hay una buena intención por parte de los promotores de la misma, en el sentido de buscar la pacificación del conflicto, que se generó a partir del 2014 en Cataluña, que derivó en el ‘Procés’.